Dejar de pagar las cuotas de autónomo durante la Covid para mantener el negocio no fue conducta negligente (STS 1703/2026)
El Tribunal Supremo ha confirmado la exoneración del pasivo insatisfecho de una autónoma que dejó de pagar sus cuotas a la Seguridad Social durante la pandemia mientras intentaba sacar adelante su peluquería. Para la Sala, no haber pedido el concurso en plazo y haber seguido con la actividad no fue, en esas circunstancias, un comportamiento temerario o negligente.
El caso
La deudora, dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (en adelante, RETA), regentaba una peluquería en régimen de franquicia. El estado de alarma de marzo de 2020 obligó a cerrar las peluquerías y, según explicó, cuando pudo reabrir muchas de sus clientas, de edad avanzada, seguían sin atreverse a volver. Dejó de pagar las cuotas en abril de 2020 y, de forma ininterrumpida, entre diciembre de 2020 y mayo de 2022, periodo por el que debía a la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante, TGSS) 21.413,06 €. De su pasivo, de 186.024 €, 96.000 € correspondían a la sociedad franquiciadora. Finalmente cerró el negocio y empezó a trabajar como peluquera por cuenta ajena.
Fue declarada en concurso en diciembre de 2023 por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Bilbao, que lo tramitó como concurso sin masa, y pidió la exoneración del pasivo insatisfecho (artículo 501.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal, en adelante, TRLC). La TGSS se opuso: a su juicio, debió pedir el concurso en agosto de 2020, cuando acumulaba tres meses sin pagar las cuotas, y el impago continuado durante casi año y medio demostraba un comportamiento negligente.
El juzgado apreció la conducta negligente y denegó la exoneración. La Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección 4.ª), en Sentencia 610/2024, de 3 de diciembre (ECLI:ES:APBI:2024:1448), revocó esa decisión y concedió la exoneración.
Qué dice el Tribunal Supremo
La Sala Primera, en Sentencia 1703/2026, de 10 de noviembre (recurso de casación 1817/2025, ponente Nuria Auxiliadora Orellana Cano; ECLI:ES:TS:2026:4485), desestima el recurso de la TGSS.
El artículo 487.1.6.º TRLC impide la exoneración al deudor que «se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus obligaciones», y obliga al juez a valorar, entre otras circunstancias, el nivel social y profesional del deudor y las circunstancias personales del sobreendeudamiento.
La TGSS planteaba si mantener el impago de las cotizaciones una vez transcurridos los tres meses del artículo 2.4.5.º TRLC, sin una circunstancia excepcional que lo justifique, es necesariamente un comportamiento negligente. El Supremo responde que hay que valorar el nivel social y profesional de la deudora, las circunstancias personales del sobreendeudamiento y el contexto en que se produjo.
Y concluye que, en la situación extraordinaria provocada por la Covid-19, no haber solicitado el concurso en el plazo de cinco meses desde el primer impago (artículos 2.4.5.º y 5 TRLC) y haber continuado la actividad «no puede considerarse un comportamiento temerario o negligente». Sobre todo, añade, porque la propia normativa Covid estableció una moratoria concursal, prorrogada hasta el 30 de junio de 2022 (artículo 6.1 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre), lo que presupone que el legislador era consciente de que muchos autónomos y sociedades estaban en estado de insolvencia por la pandemia.
Mantener abierto el negocio durante dieciocho meses para intentar recuperar la normalidad no fue, por tanto, un comportamiento temerario o negligente a efectos del artículo 487.1.6.º TRLC. La Sala confirma la exoneración e impone las costas a la TGSS.
Por qué es importante
El impago de las cuotas del RETA es uno de los argumentos que la TGSS utiliza para oponerse a la exoneración de autónomos. El Supremo rechaza que ese impago demuestre por sí solo un comportamiento negligente: la conducta del deudor se valora con los criterios del propio artículo 487.1.6.º TRLC y en su contexto.
La TGSS había alegado también que el concurso debía calificarse culpable por el retraso en solicitarlo (artículo 487.1.3.º TRLC). El juzgado lo rechazó, porque en un concurso sin masa la TGSS no había pedido el nombramiento de administrador concursal, y ese pronunciamiento quedó firme.
No es una regla general. El Supremo valora las circunstancias del caso: la pandemia, la moratoria concursal y la situación personal y profesional de la deudora. Un impago prolongado sin un contexto parecido puede valorarse de otra forma.
Qué significa en la práctica
Si eres autónomo y tienes deudas con la Seguridad Social, haber dejado de pagar las cuotas no te cierra por sí solo la puerta de la Segunda Oportunidad. Lo que valorará el juez es por qué se produjo el impago y qué hiciste para intentar salir adelante, porque solo puede acogerse el deudor de buena fe.
Por eso conviene documentar desde el principio la historia del negocio: cuándo y por qué empezaron las dificultades, qué medidas tomaste (cierres temporales, ayudas, solicitudes de aplazamiento) y cuándo cesaste en la actividad. Esa explicación forma parte de la memoria que acompaña a la solicitud de concurso y es la base para defender la buena fe si un acreedor se opone.
Recuerda, además, que la deuda con la Seguridad Social solo se exonera en parte: los primeros 5.000 € íntegramente y, a partir de ahí, el 50 %, con un máximo de 10.000 € (artículo 489.1.5.º TRLC). La parte calificada como crédito subordinado se exonera íntegra, conforme a la STS 260/2026, de 18 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:436). Puedes hacer el cálculo con nuestra calculadora del crédito público.
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Fuentes: STS (Sala de lo Civil) 1703/2026, de 10 de noviembre de 2026, rec. 1817/2025, ECLI:ES:TS:2026:4485 (CENDOJ). SAP Bizkaia (Sección 4.ª) 610/2024, de 3 de diciembre, rollo 613/2024, ECLI:ES:APBI:2024:1448 (CENDOJ). STS 260/2026, de 18 de febrero, rec. 10/2024, ECLI:ES:TS:2026:436 (CENDOJ). Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, arts. 2.4.5.º, 5, 487.1.3.º y 6.º, 489.1.5.º y 501.1 TRLC (BOE consolidado). Ley 3/2020, de 18 de septiembre, art. 6.1, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre (BOE consolidado).
Texto de Juan Miguel Aguirre Redondo, abogado colegiado n.º 1737 del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona.