Deudas omitidas en la solicitud de exoneración: el Supremo no admite una causa de exclusión nueva en casación (STS 1720/2026)
El Tribunal Supremo ha confirmado la exoneración del pasivo insatisfecho de un deudor que no incluyó en su solicitud de concurso unas deudas con el Ayuntamiento de Madrid. La Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante, TGSS) pretendía que se le denegara por incumplir los deberes de colaboración y de información, pero esa causa no se había planteado en la instancia y el Supremo no la admite como cuestión nueva en casación.
El caso
Un matrimonio en régimen de gananciales pidió en diciembre de 2022 el concurso voluntario por insuficiencia de masa ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid, con un pasivo de 271.124,46 €: una deuda bancaria común y, a cargo del marido, deudas con la TGSS, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con dos acreedores particulares. Declarado el concurso sin masa, ambos solicitaron la exoneración del pasivo insatisfecho. Ningún acreedor se opuso a su concesión, aunque dos de ellos presentaron alegaciones.
El Ayuntamiento de Madrid presentó un escrito de alegaciones en el que pedía que sus créditos quedaran fuera de la exoneración e informaba de que el marido había omitido deudas municipales por 13.451,89 €: once multas de tráfico, el impuesto de circulación desde 2019 y la plusvalía municipal pendiente desde 2012, que con intereses, sanciones y recargos ascendía a 11.554,04 €. La TGSS, por su parte, solo pidió que su crédito se exonerara hasta el límite legal de 10.000 €.
El juzgado concedió la exoneración a la esposa, con las excepciones legales, pero se la denegó de oficio al marido: consideró que, al omitir esas deudas, había proporcionado información falsa o engañosa, causa de exclusión del artículo 487.1.6.º del Texto Refundido de la Ley Concursal (en adelante, TRLC). La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en Sentencia 238/2025, de 11 de julio (ECLI:ES:APM:2025:9752), le concedió también la exoneración. A su juicio, la información falsa o engañosa de ese ordinal se refiere al momento de contraer el endeudamiento o de cumplir las obligaciones, no a lo que el deudor declara después en el concurso, y para valorar su conducta en el procedimiento hay otras causas, como el incumplimiento de los deberes de colaboración o de información, que nadie había alegado.
Qué dice el Tribunal Supremo
La TGSS recurrió en casación invocando otra causa: la del artículo 487.1.5.º TRLC, que excluye de la exoneración al deudor que «haya incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la administración concursal».
La Sala Primera, en Sentencia 1720/2026, de 12 de noviembre (recurso de casación 9149/2025, ponente Fernando Cerdá Albero; ECLI:ES:TS:2026:4498), desestima el recurso. Esa causa no se discutió en la instancia: ningún acreedor se había opuesto a la exoneración, el juez la denegó por el ordinal 6.º y no por el 5.º, y el deudor no pudo defenderse sobre ella. Al impugnar la apelación, la TGSS se había limitado a transcribir el artículo 487 completo, sin concretar qué causa invocaba. Se trata, por tanto, de una cuestión nueva, que no puede plantearse en casación.
La TGSS alegaba que el juez debe verificar de oficio si se cumplen los requisitos de la exoneración (artículo 502.1 TRLC). El Supremo recuerda lo que ya declaró en sus sentencias 259/2026, 262/2026 y 263/2026, de 18 de febrero: esa verificación de oficio corresponde al juez del concurso en primera instancia, y el tribunal de apelación está limitado por el artículo 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo que, «si nadie impugna este extremo en apelación, no podrá apreciarlo de oficio».
La Sala añade que tampoco se ha podido valorar si la omisión, 13.451,89 € sobre un pasivo de 271.124,46 € (un 4,96 %), era una inexactitud de suficiente gravedad, ni si esos créditos eran exigibles o concurrían otras circunstancias. Impone las costas a la TGSS.
Por qué es importante
La sentencia fija un límite procesal claro: las causas de exclusión de la exoneración tienen que plantearse en primera instancia, para que el deudor pueda defenderse. Un acreedor que no se opuso no puede invocar por primera vez una causa distinta en el recurso de casación, y la Audiencia no puede apreciarla de oficio si nadie la ha impugnado en la apelación.
La Sala no llega a decidir si la omisión era grave. Se limita a constatar que no se pudo valorar si lo era en proporción al pasivo, ni si esas deudas eran exigibles, precisamente porque nadie lo había planteado. Tampoco se pronuncia sobre la interpretación del ordinal 6.º que hizo la Audiencia, porque el recurso de la TGSS no la discutía.
Qué significa en la práctica
La relación de acreedores tiene que ser completa. Las deudas con el ayuntamiento, como multas de tráfico, el impuesto de circulación o la plusvalía, se olvidan con facilidad, y omitirlas puede dar pie a una oposición por incumplimiento de los deberes de colaboración y de información (artículo 487.1.5.º TRLC).
La omisión puede perjudicarte también por otra vía. En sus sentencias 260/2026 y 264/2026, de 18 de febrero, el Supremo declaró que la exoneración solo alcanza a los créditos que el deudor reseñó, una doctrina sobre la que dos tribunales de Alicante han planteado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como explicamos en este blog. Y conviene incluir esas deudas por una razón más: son crédito público y, según la STS 260/2026, el límite de exoneración se aplica a cada acreedor público, también al ayuntamiento. En este caso, el juzgado había declarado en 2023 que las deudas municipales no eran exonerables en absoluto, con una lectura literal del artículo 489.1.5.º TRLC que el Supremo no comparte.
Si, por el contrario, un acreedor te reprocha una omisión, esta sentencia da argumentos: la causa debe alegarse en su momento, y la propia Sala menciona, como aspectos que no se pudieron valorar, la gravedad de la omisión en proporción al pasivo y la exigibilidad de las deudas.
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Fuentes: STS (Sala de lo Civil) 1720/2026, de 12 de noviembre de 2026, rec. 9149/2025, ECLI:ES:TS:2026:4498 (CENDOJ). SAP Madrid (Sección 28.ª) 238/2025, de 11 de julio, rollo 406/2023, ECLI:ES:APM:2025:9752 (CENDOJ). SSTS 259/2026, rec. 10141/2023, ECLI:ES:TS:2026:441; 260/2026, rec. 10/2024, ECLI:ES:TS:2026:436; 262/2026, rec. 1939/2024, ECLI:ES:TS:2026:439; 263/2026, rec. 1457/2024, ECLI:ES:TS:2026:438; y 264/2026, rec. 3528/2024, ECLI:ES:TS:2026:440, todas de 18 de febrero (CENDOJ). Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, arts. 487.1.5.º y 6.º, 489.1.5.º y 502.1 TRLC (BOE consolidado). Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 465.5 (BOE consolidado).
Texto de Juan Miguel Aguirre Redondo, abogado colegiado n.º 1737 del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona.